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“El mundo va a dar un salto, decía la revista en su editorial, desde los oscuros tiempos de las toscas y costosas regulaciones directas (comando y control) hacia una política ambiental propia de la era del conocimiento, basada en incentivos y en la innovación”.
Y eso es lo que está ocurriendo también en nuestro país. Chile fue tal vez uno de los precursores en incorporar permisos de emisión transables en nuestros planes de descontaminación. Sin embargo, ese impulso inicial no se ha profundizado, pues el proyecto de ley de permisos de emisión transables no ha encontrado respaldo en algunos sectores políticos que siguen viendo al Medio Ambiente más como un espacio de lucimiento propio, de rechazo de nuevas iniciativas, y de regulación firme y expuesta ante las cámaras y flashes, que un espacio para la creatividad, la innovación y la conducta social responsable.
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En fin, el uso de esos instrumentos económicos de protección ambiental, de los que nuestro país fue precursor, pero que ahora ha ido marcando el paso, según lo acredita la última Auditoría al plan de descontaminación de Santiago, han encontrado nuevos bríos en otro espacio de acción, el Protocolo de Kyoto.
Es cierto, se ha dado en Chile inicio a una verdadera revolución verde. Es sorprendente el número de proyectos que se están preparando para vender certificados de reducción de emisiones de gases efecto invernadero, los llamados bonos de carbono. No se trata de grandes proyectos, ni de negocios tremendamente rentables, pero sí se trata de una gran cantidad de proyectos de menor escala, que están trabajando para obtener esos aportes que les permite pasar el importante umbral de ser una idea de proyecto amigable con el medio ambiente, a una iniciativa rentable y por tanto real, que además colabora con el entorno.
Es así como numerosos proyectos agroindustriales, prácticamente todos los rellenos sanitarios y varias iniciativas de generación eólica e hidroeléctrica ya han comenzado este proceso. De hecho, ya son casi 20 los proyectos que cuentan con la aprobación de la autoridad nacional designada, que es la CONAMA, y otros tantos que se encuentran preparando sus antecedentes y realizando los estudios requeridos. Y son varias también las empresas extranjeras, fundamentalmente europeas y japonesas, que han abierto poderes compradores para quienes logran acreditar la capacidad de reducción de gases efecto invernadero de sus iniciativas.
Esto ya no es teoría, sino que es una realidad. Que además va a contribuir a contar con agroindustrias y vertederos más preocupadas por su entorno, y con pequeñas centrales que va a colaborar en enfrentar la crisis energética con recursos propios. La ley corta eléctrica, la reforma al Código de Aguas, el alto precio del petróleo y las alzas en los valores de los bonos de carbono son todos factores que hoy colaboran en que haya nuevos proyectos energéticos. Para qué decir que ocurriría si el principal emisor de gases efecto invernadero, Estados Unidos, se decidiera más adelante a suscribir e implementar el Protocolo de Kyoto, tal como pensaba hacerlo la administración Clinton.
O sea, tal como proclamaba The Economist hace un año, la revolución verde ya llegó. Todavía quedan algunos dogmáticos en extremo de ignorar el tema, y también otros en el extremo de pensar que en vez de políticas inteligentes, sólo se requiere policías ambientales. El resto está buscando nuevas tecnologías, innovación y equipos creativos, que les permitan sumarse a esta revolución verde. Le revolución verde llegó, y en Chile no estamos destiñendo.
Por Clemente Pérez.
Socio fundador y Director de Sustentable.cl
Fuente: Sustentable.cl
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